TIC en Sanidad y Educación: Auscultando el futuro

Lento o rápido es subjetivo. pero si lo comparamos con la evolución de la sociedad, para mí es lento ya que los ciudadanos vamos más deprisa. Y para poder generar administraciones de gran eficiencia no debiera de ser tiempo de avances graduales sino exponenciales.

En España el próximo 1 de enero entra en vigor la ley del acceso electrónico del ciudadano a los servicios públicos. la Ley 11/2007. Espero que ayude a dar un impulso definitivo hacia la sociedad de la información. Pero más importante que la propia ley serán las campañas de promoción del DNI electrónico y el posible reparto gratuito de cientos de miles de lectores de tarjetas inteligentes.

También espero que haya una formación y una buena información a los funcionarios públicos, sin cuyo apoyo será difícil consolidar el modelo y, puestos a pedir, espero que sea la oportunidad de adaptar los procedimientos a la inmediatez que exige el siglo XXI.

Estas reflexiones vienen tras varios temas más que he visto estos días y que demuestran el largo camino a recorrer hacia unos servicios públicos eficaces, ya que el matiz de electrónicos no debiera de pasar de ser un adjetivo sin especial interés: dentro de ¿quince? años ya sólo hablaremos de administración ya que seguir con lo de electrónico sería como hablar del servicio de aguas líquidas.

Caso 1: Acompaño a una persona a una comisaría de policía a recuperar una clave perdida de su DNI electrónico en un puesto de autoservicio en donde uno se identifica con su huella digital. Pantalla táctil, todo perfecto. Ya que estoy allí decido cambiar mi contraseña y, al hacerlo veo que mi certificado acaba de caducar. Pruebo a renovarlo y me da un error. Lo intento otra vez y lo mismo. Como había otros dos puestos de autoservicio intento probar en ambos y descubro que los teclados no van. Lo comunico a los agentes y no lo sabían. Que estén deteriorados es más o menos normal, pero que no lo sepan indica que los ciudadanos no usan mucho la parte digital del DNI.

Caso 2: una persona allegada se ha visto afectada por uno de los muchos recortes de plantillas que estamos sufriendo. Se considera un despido improcedente y la empresa ofrece una indemnización que se deposita en un juzgado de lo social. El juzgado le remite una notificación postal con acuse de recibo. La notificación llega un martes y esta persona se persona con dicho documento el miércoles (único día de la semana que atienden estos temas) a recoger la indemnización. No se la dan a pesar de estar notificada y de aportar el documento que ha recibido porque el juzgado no ha recibido aún el acuse de recibo de la notificación.....¿Se imaginan una notificación electrónica y una transferencia electrónica de fondos lo que simplificaría los temas?

Caso 3: La Comunidad de Madrid va a aprobar una ley para dar categoría de autoridad pública a los docentes y la Presidenta opina (no se si ordena) que habría que poner tarimas a la mesa de los profesores para solucionar el problema de la falta de autoridad. Puede que la primera parte sea una medida práctica para gestionar los casos conflictivos que ocurran pero asumo la postura de José Cabrera en su blog sobre la "Escuela 2.0 ¿autoridad o liderazgo?" y las causas profundas del problema.

En resumen, bienvenidos los impulsos a la administración electrónica, pero con más decisión y contundencia.

Segunda jornada del Foro Técnico de Informática de la Salud que ofreció un formato clásico de dos mesas redondas.  La primera mesa fue moderada por Ana Ceballos, subdirectora de TI del SAS y se centró en el importante papel de la seguridad en el nuevo paradigma de la eAdministración que cobra un peso mayor, si cabe, con la próxima entrada en vigor de la Ley 11/2007 y los reglamentos que la desarrollarán.

Yolanda Llamas, de la Consejería de Sanidad de Madrid, explicó que, aunque sanidad cara al ciudadano no es un servicio más, como avalan las encuestas, tecnológicamente hablando los retos de la nueva ley son comunes con las demás Consejerías por lo que se ha optado por una solución global que representa una capa externa a los servicios propios de cada área pero que ofrece un acceso homogéneo al usuario al catálogo de servicios disponibles.

La seguridad, más allá de ser necesaria por ley es la base de la confianza que necesita el usuario para trabajar en red en un nuevo paradigma en el que en vez de recibir por correo postal las notificaciones o documentación de sus expedientes será avisado telemáticamente para que consulte su buzón en la sede electrónica. La organización tiene ante sí un reto importante de adaptación que será apoyado por las nuevas herramientas de colaboración.

Carlos García Codina, actualmente en el Ministerio de Ciencia e Innovación, acometió el desafío de resumir los puntos más relevantes que incorporará el futuro reglamento del Esquema Nacional de Seguridad del que existe un borrador muy avanzado y que pasará a rango legal muchas de las buenas prácticas que ya se deberían de estar aplicando. Es un reglamento para generar confianza, con un enfoque pragmático, redactado por técnicos y que afectará a todos los contratos de sistemas de información de las administraciones públicas. Mi impresión es que exigirá potenciar el equipo humano de los servicios de informática de las organizaciones.

Juan Miguel Signes, de la Conselleria de Sanitat de Valencia, indicó que la seguridad es responsabilidad de toda la organización y no un asunto de informática. De hecho, el gran activo de los organismos es la información y no los sistemas de información, pero falta formación y sensibilización de los usuarios.

Puso en la mesa la existencia en alguna comunidad de reticencias al uso de la firma electrónica por parte de los profesionales asistenciales pues aunque en su servicio valenciano ya hay más de 10 millones de actos médicos firmados digitalmente, si la reticencia se extendiese, podría ser un problema serio. Se comentó que en otras organizaciones públicas se había planteado antes pero la Agencia de Protección de Datos lo aprobó plenamente. Ello no quita que pueda que hacer algún ajuste operativo en determinados casos.

He estado en un seminario de Socinfo sobre la Sociedad de la Información en Andalucía en el que se montaron varias mesas redondas sobre la administración electrónica en la Junta de Andalucía y en las entidades locales de la autonomía.

La próxima entrada en vigor de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico del Ciudadano a los Servicios Públicos terminó siendo el hilo conductor. El acceso a la revista que soporta este evento se puede encontrar aquí y mi entrada en este blog la voy a enfocar a mis conclusiones personales.

La primera consideración es que podemos ver la botella medio llena o medio vacía y que no debemos olvidar que la ley obliga a la Administración General del Estado y luego a las otras administraciones en la medida que sus disponibilidad económica lo permita. Por tanto, a quien debemos exigir nuestros derechos es a la AGE y, al no estar representada en el evento, no puedo opinar sobre su buen o mal hacer en base a lo hablado hoy.

Las buenas intenciones de la ley se quedan a expensas de la prioridad que a este tema le den las comunidades autónomas y las entidades locales. La ventaja es que la modernización ya estaba en marcha en las CCAA y en algunas EELL. El problema es que esta ley se empezó a tomar en serio tarde y ya había llegado la crisis.

Por tanto, en mayor o menor medida se cumplirán objetivos políticos dando acceso al noventa y pico por ciento de los procedimientos e información en la AGE y abriendo una competencia política entre autonomías con cifras que espero se sitúen por encima del 70%. En entidades locales habrá mucha más disparidad, dependiendo de la madurez previa, de la situación económica y de la importancia que se le dé.

Por lo debatido hoy, mis grandes dudas se centran en la calidad de los servicios electrónicos que se ofrezcan, ya que presumo que en muchos casos el ciudadano tendrá mejoras parciales pero los grandes lastres procedimentales seguirán ahí (me temo que con mucho más pdf del deseable), en la interoperabilidad de las administraciones, en la compartición y reusabilidad de las soluciones y en el reciclaje efectivo de los funcionarios.

La simplificación será escasa ya que exige normativas y éstas no estarán a tiempo en muchos casos. Para el ciudadano una parte importante de la calidad del servicio percibido estará en la sencillez, fiabilidad, utilidad y comprensibilidad de la información que se le ofrezca, tema clave según destacó en su intervención Juan Luis Muñoz, gerente del CEMI de Málaga.

Por otra parte, la desigual implantación entre administraciones, la falta de normativa y de interconexión entre las CCAA creo que nos avocará a varios años de procesos mixtos electrónico-manuales con una desaparición escasa del papel y con grandes cantidades de ficheros de documentos en papel digitalizados.

Me parece lamentable que a estas alturas no haya un Esquema Nacional de Interoperabilidad (existe un borrador). Supongo que es fruto de la complejidad de las competencias en España y un tributo que hay que pagar. Recuerdo que en Gran Bretaña hay un "Gateway Administrativo" desde el 2002 y las entidades pueden hacer sus propios desarrollos o confiar en los "appliances" que el mercado pone a su disposición como interconectores. El proyecto SARA del Ministerio de la Presidencia no deja de ser un primer paso de alcance reducido.

En la parte llena de la botella, parece que la Junta de Andalucía es de las que mejor está haciendo los deberes entre las autonomías, en especial en lo referente a las certificaciones y creo que en la Diputación de Córdoba están poniendo mucho empeño en la gestión del cambio para que la eAdministración funcione, invirtiendo fuertemente en la información y formación de los funcionarios y usuarios internos, tema importante que no sé hasta que punto se está cuidando en otras administraciones.

Y en el debate se comentó de pasada como ejemplo de buenas praxis la tarea de compartición y trabajo con tiempo que están haciendo las universidades andaluzas que llegan bien a la cita de enero y que también son administración y se ven implicadas por esta ley.

Me quedo, en suma, con que la Ley 11/2007 dará un impulso importante en el camino hacia la eAdministración, en que espero que actúe de tractor de la demanda (¿habrá campañas de información y promoción al ciudadano?) y que ojalá mejore la situación económica para potenciar la dotación de infraestructuras que estos servicios necesitarán.

Ayer se celebró el acto de presentación de dos informes del ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). Uno es el Informe Anual 2008 sobre el sector TIC y otro el Informe del Sector TI en España en 2008. El acto estuvo presidido por Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quien no sólo presidió sino que también presentó un resumen de los mismos.

Los informes son muy completos y sólo he tenido tiempo de ojearlos y quedarme con algunas cosas de la presentación de ayer. Más arriba están los enlaces respectivos en donde se puede acceder a ellos.

F. Ros enfatizó sobre la rigurosidad de los mismos y sobre su cobertura de las últimas tendencias. Comentó que un informe se realiza para sacar conclusiones y poder actuar sobre aquellos aspectos que deban mejorarse, por lo que el rigor es imprescindible.

Un importante aspecto es mantener la coherencia de los datos comparativos con años anteriores y con los países de nuestro entorno. Y ello no es fácil ya que la rapidez de la evolución de un sector como éste exige constantemente la incorporación de nuevas métricas (por ejemplo la banda ancha móvil) y porque circulan informes heterogéneos con los que es difícil establecer comparativas. Por otra parte, criticó la publicación de datos poco fiables que distorsionan las métricas: si no es riguroso es mejor no publicarlo.

Como titulares más destacados citaría la cifra del 1,7% de crecimiento del mercado, suponiendo el 5,9% del PIB, cifras nada despreciables, considerando la crisis mundial. En cuanto a la penetración de internet en los hogares españoles hemos subido al 51%, por debajo del 60% de la UE-27, aunque cuando nos conectamos lo hacemos con mucho más porcentaje de banda ancha que los otros países. Somos segundos a nivel mundial en uso de redes sociales y estamos a la cabeza en uso de banda ancha móvil.

El mercado específico de TI llega al 53% y supera por primera vez al de las comunicaciones, lo que nos alinea con los países de nuestro entorno. El comercio electrónico de las empresas crece, aunque se usa el doble de veces para comprar que para vender.

El 21% de los ciudadanos usamos la administración electrónica. Los servicios de información son todavía más usados que los de tramitación, aunque se nota un fuerte crecimiento que será mucho más notable en la medida que se vaya implantando la LAECSP (11/2007).

El 39,6% de los usuarios acceden a servicios relativos a becas y ayudas y el 32,9% a servicios sanitarios. El primer lugar lo ocupa la gestión de impuestos con el 62,1%.

F. Ros destacó que nuestras iniciativas en pro de la sociedad de la información son reconocidas internacionalmente, como lo demuestra un informe que está elaborando la OCDE sobre el Plan Avanza.

Una constatación es que las posiciones en los rankings salen mejor cuando se compite contra un contrincante llamado UE que cuando se desglosa la UE por países, en cuyo caso bajamos lugares ante los líderes europeos.