Diario Médico en su número de hoy publica una noticia que dice: "El Servicio Regional de Salud X adopta el confirming para frenar la deuda con los proveedores". Me lanzo ilusionado a leerlo. Y mi sorpresa es mayúscula cuando lo leo. Antes de seguir debo de decir que llevo diecinueve años contratando con las administraciones públicas pero no soy un experto legal. Esta entrada la hago, no obstante, en mi calidad de ciudadano y bajo ningún concepto las opiniones vertidas suponen la postura oficial de Sun Microsystems.
De casi todos es sabido los problemas financieros de la sanidad pública española. Por ejemplo, esta primavera la prensa hablaba de una "demora media de 232
días en el pago a los proveedores de tecnología sanitaria y de
equipamiento hospitalario por parte de las comunidades autónomas" en el 2008.
Por tanto que un Servicio de Salud de una comunidad piense en cómo frenar la deuda con los proveedores suena bien y el confirming pudiera ser una buena solución, pero voy a desarrollar un poco el tema. Llamemos X al organismo público. La noticia dice que "X enviará al banco las facturas en cuanto sean presentadas por el proveedor y éste tendrá garantizado el pago en seis meses. Además, los proveedores que lo deseen pueden solicitar un pago adelantado, por ejemplo a tres meses, con un interés bajo (euribor más el 1,5 por ciento).
La vigente Ley de Contratos del Estado (Ley 30/2007) en su artículo 200, párrafo 4 dice: "La Administración tendrá la 
obligación de abonar el precio dentro de
los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que
acrediten la realización total o parcial del contrato, .......,
y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. ......."
En la citada Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, en su artículo 7 apartado 2 dice: "El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales." Y en el artículo 8, apartado 1 dice: "La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 % de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate."
Y por cerrar el círculo. el artículo periodístico de DM continuaba diciendo que esta fórmula es ventajosa igualmente para X, "que además de tratar mejor a sus proveedores no generará intereses de demora si pagamos al banco en esos seis meses". "Y a partir de ese periodo, la entidad aplicará al menos un tasa de euribor más un 1,30 por ciento que aumentará en proporción al retraso en los pagos.".
Me voy a un caso hipotético. Pensemos que la empresa A es adjudicataria de un concurso, que lo ejecuta adecuadamente, tiene su acta de recepción y emite una factura de 100.000€. Decide cobrar a los 3 meses y el banco le da 99.250€ (más o menos si ponemos un Euribor del 1,5%). Pero la ley dice que a partir de los 60 días el interés de demora sería de un 8,5% en este ejemplo, por lo que tendría derecho a recibir unos 100.700€.
En el sector TIC no conozco a ninguna empresa que se haya animado a reclamar los intereses de demora. Hay un miedo, -no se si fundado o no- a hacer esa reclamación por temor a entrar en una lista negra y perder competitividad. Dando por hecho que no se van a reclamar intereses, es obvio que a la empresa A le es mejor perder unos 1.450€ que financiar por su cuenta esos ocho meses de media de demora que sería difícil de que le costasen menos de 4.500€. Y si se reclamasen, tengo entendido que a la fecha es casi imposible conseguir financiación con un diferencial de un 7%, por lo que dudo que el proceso se cierre en un plazo razonable y en condiciones de neutralidad. Recomiendo un informe del Centro de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas en el que se detalla la debilidad de la legislación española comparada con la Directiva 2000/35/CE de la Unión Europea sobre la lucha contra la morosidad.
Ajustes finos en los números no cambian las líneas maestras del caso y nos ponen en el escenario para la empresa A de perder o perder, por lo que posiblemente se alegrará de la medida adoptada por X, que, al menos denota una preocupación real por el tema.
En este contexto me gustaría tener respuesta a varias preguntas:
- ¿Por qué convivimos con la morosidad como algo "normal"?. (En el informe antes citado del C. de Morosología se
apunta que "la aplicación práctica de la Ley 3/2004 depende mucho de la relación comercial entre proveedor y deudor moroso, la posición de dependencia en el negocio y la fuerza negociadora que puede ejercer cada una de las partes.") - ¿Para qué se hacen leyes si luego no se cumplen?
- ¿Hasta qué punto estas morosidades enturbian la competencia al potenciar a las grandes empresas?
- ¿Es razonable presionar en los concursos a las empresas con criterios económicos de más del 50% del peso de la decisión y luego no cumplir los compromisos de pago?
- ¿Hasta dónde las empresas pueden asumir estas reglas de juego?
- ¿Cuánto se resiente la calidad a corto o medio plazo?
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